Constantemente asistimos a la publicación de importantes noticias sobre el apoyo que Linux y el Software Libre reciben por parte de la administración pública de los más diversos países. Entre las motivaciones de los gobiernos para utilizar software libre, probablemente el más importante sea el de la seguridad de los datos de los ciudadanos. La salvaguarda de esta información sensible es la contrapartida que cada país debe a sus habitantes a cambio de la obligación de éstos de proveer estos datos a su administración pública.
El uso de software propietario y cerrado impide a los gobiernos el poder realizar las auditorías pertinentes para asegurar que la información no se «escapa» por puertas traseras, ya sean premeditadas o no, y no puede basarse únicamente en las declaraciones de buena voluntad de los fabricantes para ofrecer una mínima confianza a los ciudadanos. Por ello, el software libre, al distribuirse con su código fuente, ofrece una oportunidad inmejorable para garantizar al 100% la seguridad y la confidencialidad de los datos de los habitantes del país.
Existen otros motivos bien conocidos para que el software libre triunfe en la administración pública, como el ahorro en costes de adquisición, la posibilidad de adaptar y mejorar los programas utilizados, la facilidad para arreglar eventuales fallos, su constante evolución y mejora o la evidente estabilidad y robustez de estos entornos. Todo esto implica un mejor aprovechamiento de los impuestos recaudados y la protección de la inversión realizada.
Y, por supuesto, el que un país decida utilizar software libre en su administración pública no supone un menoscabo en la competencia leal entre empresas (como algunos, mal informados sobre el software libre, se apresuran a afirmar), sino que sólo define un nuevo campo de juego en el que todas tienen las mismas oportunidades, tal y como ocurre en cualquier contratación pública. ¿Podría llevar esto a Microsoft a publicar su propio Linux? De momento, la empresa norteamericana ha llegado a distribuir software bajo licencias propias pretendidamente libres. Tal y como pintan las cosas en muchos lugares del mundo, no tendrá más remedio que dar mayores pasos en ese sentido si quiere seguir trabajando con sus gobiernos.
Bueno, bonito y barato. ¿Qué administración pública se puede resistir al software libre?
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